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Tema: 20N, el verdadero legado del franquismo

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    octubre 2010
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    Predeterminado 20N, el verdadero legado del franquismo

    20N, el verdadero legado del franquismo
    El último ciclo político vivido en España se ha llevado por delante al cuidado y durante décadas triunfador "franquismo sociológico" que sobrevivió a la muerte del dictador, de la que hoy se cumplen 41 años.
    Excavada en granito, todavía hoy doscientos sesenta y dos metros de bóveda de cañón con más veinte metros de altura penetran en las entrañas de la Sierra de Madrid. Por encima, una colina de roca casi desnuda sirven de pedestal de una cruz del tamaño de un rascacielos mediano (150 metros), la mayor de la Cristiandad. Estas son las dimensiones del conjunto arquitectónico que sirve de monumento mortuorio para los restos de Francisco Franco Bahamonde, “caudillo” de España entre 1936 y 1974; José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, y más de 30.000 muertos de ambos bandos en la Guerra Civil.

    El Monumento de los Caídos, levantado gracias a los trabajos forzados de los prisioneros republicanos, anarquistas y comunistas de la dictadura, es para muchos el epítome del Franquismo. Una gigantesca gruta mal iluminada, dimensiones faraónicas, una memoria de muerte y sufrimiento, constituyen ciertamente una imagen de espanto. Pero al mismo tiempo ofrecen una cierta visión tranquilizadora de lo que fue la dictadura de Franco: el “valle de los Caídos” parece definir sin ambivalencias la naturaleza inequívocamente malvada de la dictadura. Valga decir que para la izquierda española (y también catalana) el franquismo fue un pasado de tinieblas al fin superado con la adquisición de la democracia. Mientras que para la extrema izquierda (extrema sobre todo en la interpretación anterior), la democracia fundada en 1978 fue sólo la continuación del franquismo por otros medios. En ambos casos, la dictadura es el único pivote significativo de la historia presente.

    Al menos hasta el 15 de mayo de 2011, la izquierda española ha dedicado setenta años a pelearse con lo que ha acabado por ser un espantajo. El caso es que frente a la dictadura propugnaban un modelo de país que también ha acabado por disiparse. Una democracia hecha a imagen y semejanza de los países del norte de los Pirineos: altos niveles de consumo, libertades civiles y Estado de bienestar. Por desgracia o por fortuna, hace ya tiempo que el grito ¡Europa! ha dejado de inspirar las imágenes de esperanza de una democracia completa.
    El legado del franquismo

    Manuel Fraga, el padre de la derecha española en democracia, el mismo franquista de raza, y sin duda una de las inteligencias políticas del país, recibió el término de «franquismo sociológico» del entonces primer sociólogo del momento, Amando de Miguel. Lo empleó con olfato político. El carácter “sociológico” del franquismo no era primordialmente el de una sociedad con miedo a la libertad, tal y como lo entendía el académico. Antes al contrario, Fraga apuntaba a una sociedad satisfecha con las transformaciones sociales que había promovido el franquismo.

    En general para la alta nobleza del Estado franquista, el gran logro de la dictadura consistió en promover, por primera vez en la historia del país, la consolidación de un equilibrador social suficiente. A diferencia de Portugal, decían, en España se había logrado generar una amplia clase media, prácticamente similar a la que existía en otros países europeos. Y ciertamente no se trataba de un simple recurso de propaganda: entre mediados de la década de 1950 y 1974, año de la muerte de Franco, España pasó de ser un país mayoritariamente rural a convertirse en una potencia económica de mediano tamaño. Sus cuatro millones de campesinos y jornaleros se convirtieron en poco más de uno a finales de la década de 1970.

    En el mismo periodo, la exigua minoría de 350.000 trabajadores con titulación universitaria se multiplicó por seis, al tiempo que el número de trabajadores urbanos de los servicios alcanzaba y luego superaba al número de obreros industriales. La vivienda en propiedad, el automóvil y los típicos equipamientos de la norma de consumo de masas (televisión, lavadora, frigorífico) se generalizaron en aquellos años. Fraga se refería a esta “sociedad satisfecha” como la “mayoría natural” del país. Y desde finales de los años sesenta trató de encaminar las desgastadas instituciones
    franquistas hacia una salida política acorde con esta nueva realidad.

    El personaje “Fraga” es interesante no sólo porque fuera el fundador de lo que resultó ser el embrión del actual Partido Popular (que ha gobernado el país entre 1997 y 2004 y entre 2011 y 2016), sino también porque fue el primer y principal teórico de la Transición española. En 1972, en un momento en el que el alto funcionariado franquista parecía no encontrar otra vía de modernización que el desarrollo económico, de inspiración tecnocrática, Fraga publicó un pequeño librito llamado El desarrollo político.

    Sumergido en una suerte de autoexilio de privilegio como embajador en Londres, en este opúsculo y otros de menor interés estableció las líneas generales de su proyecto de reforma política: una democracia de “turno” moderada, similar a la británica, pero sobre todo inspirada en el periodo político que en la historia de España se conoce como Restauración y que sigue al tumultuoso sexenio revolucionario (incluida la Primera República) de 1868-1974. La evolución política del franquismo debía ir dirigida a consolidar una democracia atemperada, capaz de reconocer a la oposición anti-franquista más cabal. Fraga pensaba, sin duda, en un gran partido “socialdemócrata”, que alternara en el gobierno con el partido de la clase política franquista. Sobre estos mimbres y si se actuaba con celeridad, el político gallego estaba seguro de evitar la liquidación del gran legado de la dictadura.

    Fraga consideró el problema de la continuidad del franquismo y ofreció una solución. Desgraciadamente para Fraga, el “franquismo político”, con sus interminables tics autoritarios y su vocación a medias castrense, a medias tecnocrática, no logró evolucionar hacia una expresión política adecuada del “franquismo sociológico”. El propio Fraga comprobó en sus carnes cómo la sociedad a la que pretendía encajar su reforma política sencillamente ya no aceptaba una transición tranquila.

    Nombrado ministro de gobernación por Arias Navarro en febrero de 1975, convertido en hombre fuerte del primer gobierno reformista del post-franquismo, Fraga tuvo que hacer frente a la mayor oleada de huelgas de la última mitad del siglo XX en España, y con ésta a la evaporación de su oportunidad como capitán de la reforma política. De Vitoria a Madrid, de la periferia de Barcelona a Sevilla, los paros se extendieron desde finales de 1974 hasta la primavera siguiente.

    El desencadenante fue un decreto de congelación salarial impuesto el mismo mes de noviembre en el que muriera Franco. El modus operandi de la protesta era el mismo que había construido el nuevo movimiento obrero en el país desde 1962. En aquel año, una huelga masiva en las cuencas mineras de Asturias se extendió por los principales centros industriales del país, confirmando una nueva modalidad de sindicalismo asambleario, que en ocasiones tomaba el nombre de Comisiones Obreras.

    En estas huelgas que duraron semanas, a veces meses, había, no obstante, algo más que reivindicaciones laborales. Para muchos, militantes y simples trabajadores, se trataba de forzar el fin de la dictadura. En el lenguaje militante, rondaba la imagen de una huelga general política. Y sin embargo cuando en las primeras semanas de 1976 ésta se desarrolló en forma de paros salvajes poco coordinados, sometidos únicamente a la dinámica asamblearia de las fábricas, muchos se asustaron. Quizás el más atemorizado fuera el Partido Comunista de España, la organización por antonomasia del antifranquismo, pero que no acababa de afianzar su dirección política sobre el movimiento obrero.

    El PCE fue sacudido por las huelgas, y donde pudo contribuyó a darles una forma “laboral” y controlada. Así lo hizo en Madrid, donde logró una vuelta escalonada al trabajo de más 350.000 trabajadores. La huelga había paralizado completamente la vida de la ciudad desde el día 6 de enero hasta el 21 del mismo mes. Pero el PCE quería jugar al pacto con el franquismo, y nada podía ser más inconveniente que este tipo de movilizaciones. Mientras el veterano Santiago Carrillo, su secretario general, trataba de reunirse con lo más granado de la oligarquía (emisarios del rey, empresarios, altos funcionarios), a la militancia se le ofrecía una imagen de pacto con la burguesía reformista en la forma de consigna: “la alianza de las fuerzas de la cultura y el trabajo”.

    Pero lo cierto es que el movimiento no siempre pudo ser controlado. Donde la organización asamblearia no fue encauzada por la vía laboral, al gobierno no le quedó más recurso que la represión. Fue lo que ocurrió en Vitoria (Euskadi), donde tras más de dos meses de conflicto ininterrumpido, la policía disparó sobre la asamblea de 6.000 personas que debía decidir sobre la continuidad de los paros. El balance de la intervención policial se saldó con cinco muertos y cien heridos de bala. Fraga, responsable último de la matanza, habló con claridad: “No podíamos permitir el soviet de Vitoria”. Su segundo, el camaleónico y oscuro Martín Villa expresó con agudeza el problema para la reforma: “Me da más miedo Cornellá que la ETA”; o lo que es lo mismo, a la dictadura le producía mucho más pavor la dinámica asamblearia e incontrolable de la autonomía obrera que la de un grupo armado, al que al fin y al cabo se le podía enfrentar con la razón de Estado.

    Las huelgas del invierno de 1976, mucho más que cualquier otro pacto o reunión de restaurante, fueron el parteaguas de la Transición española. El colérico Fraga, desgastado en su sobrevenida imagen de reformista franquista, tuvo que ceder el terreno a un jovencito ambicioso y sin méritos suficientes, al menos a criterio de la alta alcurnia del Estado franquista. Detrás de Adolfo Suárez, estaba no obstante otro reptil mayor de la dictadura, Torcuato Fernández Miranda, autor de la reforma política que daría lugar al referéndum de 1976 y a las primeras elecciones de junio.

    Las huelgas también tuvieron también un carácter de lección para la izquierda. El PCE, sobre todo, se vio enfrentado a un movimiento que ya no era capaz de gobernar y que no necesariamente iba a tragar con su estrategia. Desde entonces, decidió sin duda ser garante de la moderación y del pacto, frente a esta hidra obrera que no acababa de reconocer del todo. Tras las huelgas, pasó de la consigna de la “ruptura democrática” a ese imposible terminológico, siempre tan propio de la tradición comunista, llamado “ruptura pactada”.

    Para el PSOE, entonces en proceso de reconstrucción, su preocupación mayor pasó por obtener una buena posición de salida en las futuras elecciones de acuerdo con lo que entonces llamaba la vía “nórdica”: “un partido socialista fuerte acompañado por un partido comunista débil”. Apenas sin pie en las fábricas, los socialistas estaban libres de cualquier compromiso militante, podían expresar una radicalidad verbal acorde con el antifranquismo universitario, y al mismo tiempo dedicarse exclusivamente a la política de marketing electoral. Les fue bien en las elecciones de 1977: obtuvieron el 30 % de los sufragios frente al 10 % de los comunistas.

    Sea como sea, desde las huelgas de aquel invierno, el reformismo franquista y la oposición de izquierdas —con exclusión de la extrema izquierda que había quedado suspendida entre los pactos y la movilización social—, encontraron un nuevo terreno común. Se trataba, de una parte, de consolidarse como actores políticos y, de otra, de hacerlo frente a esa dinámica de movilización social descontrolada.

    En términos económicos, la ingobernabilidad laboral tomó un nombre de época, “inflación”. El incremento de precios superó en 1976 el umbral del 26 %. Detrás de la inflación estaba la subida de los precios del petróleo que se iniciara en 1973, pero desde luego era mucho más importante la guerra monetaria que la patronal había lanzado contra la revuelta salarial. Desde 1970-1971, las luchas de fábrica lograron aumentos salariales del 20, el 30, el 40 e incluso el 50 % anual. En seis años, los salarios habían absorbido todo el crecimiento económico de una economía que entonces crecía al 7 %, sumando casi diez puntos porcentuales a la masa salarial sobre el total de la renta nacional. En términos políticos, la necesidad de contener los salarios se tradujo en la urgencia de alcanzar un “pacto social”.

    Por eso, debiera sorprender poco que el primer gran pacto de la Transición, y que fuera firmado por todos los grandes partidos, no fuera político, sino económico. Apenas pasados un mes útil desde las elecciones, en octubre de 1977, los Acuerdos de la Moncloa confirmaron también para España el guión de la llamada política de rentas, esto es, del ataque al salario obrero, que inaugura formalmente el neoliberalismo en Europa.

    La izquierda mayoritaria (PSOE y PCE) aceptó la recuperación del beneficio empresarial como motor de la recuperación económica, a costa de la devaluación del nivel de vida de los trabajadores. Les costó tres años, más o menos, imponer de nuevo la disciplina de fábrica. Entre medias, se institucionalizaron nuevos sindicatos (UGT y CCOO principalmente), definidos explícitamente como garantes de estos pactos y liquidadores del anterior espíritu asambleario, al tiempo que se fue imponiendo una política de “reconversión industrial” que empujó el paro obrero de una situación prácticamente cero a los dos millones de desempleados de 1980.

    Puede que fuera, sin exageración, el miedo a la clase obrera lo que determinó que durante toda la década posterior la estrategia económica del país no se orientará tanto hacia la reindustrialización, como hacia una nueva terciarización de base inmobiliario-financiera. Al fin y al cabo, la nueva democracia española tenía su base antes en esas clases medias que dejó como legado el franquismo, que en las demandas de un movimiento obrero apenas asumible.
    La democracia cumplida

    En diciembre de 1978, la población española con las salvedades conocidas (Gipuzkoa y Bizkaia) votaron “sí” a la Constitución. El nuevo régimen político iba a ser en casi todo homologable al de las democracias europeas: libertades políticas y civiles, elecciones libres e incluso un tímido Estado de bienestar. En aquellos meses se forjó el “mito de la Transición”: un pueblo responsable y moderado, una clase política juiciosa y dispuesta al acuerdo y, sobre todo, un puñado de grandes figuras (Suárez, Carrillo, el rey, González, el propio Fraga) que supieron llevar a buen puerto una situación difícil.

    Pero lo cierto es que a la Transición le quedaba todavía un buen trecho para consolidarse. Aunque sólo fuera porque en 1978-1979 estalló una nueva oleada de huelgas contra el pacto social. O porque entre 1974 y 1982, murieron más de 1.000 personas víctimas de las fuerzas de orden público y de los distintos grupos terroristas de extrema izquierda y extrema derecha.
    Código:
    https://www.diagonalperiodico.net/saberes/32376-20n-verdadero-legado-del-franquismo.html
    Saludos desde Alandalus Sefarad o Hispania
    bandera republica - 20N, el verdadero legado del franquismo
    15 10 201421 13 55 zps8a57f7feoriginal - 20N, el verdadero legado del franquismo
    novotes - 20N, el verdadero legado del franquismo
    Si eres novato o tienes problemas pasate por aquí:
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  2. Los siguientes 2 Usuarios agradecieron a jmm00044 este mensaje:

    Doramas (24 noviembre 2016), sergijavier (24 noviembre 2016)

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